De la resistencia a la negociación política: la declaración de la alerta de género contra las mujeres en Sonora
En Sonora, la primera solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVGM) contra las mujeres (AVGM) data de 2015 (solicitada para el municipio de Cajeme únicamente), con un dictamen, dos años después (2017), de no declaratoria de la misma. El 26 de junio de 2019 la organización Pro Justicia y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio solicitan una segunda declaratoria de AVGM, en esta ocasión para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado. De dicha solicitud, el 4 de julio del mismo año la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) notifica al Gobierno del Estado de Sonora la admisión de la solicitud y, en esta ocasión, dos años después, en el presente 2021, la AVGM es declarada en Sonora (al finalizar el sexenio de Claudia Pablovich y al inicio del nuevo gobierno de Alfonso Durazo).
El escenario en el que transcurre el camino de las actoras involucradas en estos procesos ha sido largo, azaroso y complejo, no solo para describirlo, sino para analizarlo y extraer conclusiones que aporten al avance de la disminución de la violencia hacia las mujeres. El campo de la AVGM es un escenario en el que confluyen instituciones gubernamentales e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que en este convergen diversas ideologías e intereses políticosociales (y las disputas entre los poderes correspondientes) que convierten a un mecanismo de ley en un campo de lucha y negociación política y a un conjunto de acciones que debieran ser medidas de emergencia (como política pública para la prevención y erradicación de las violencia) en un accionar en dónde contienden los diversos poderes, sin dejar de lado actividades propias de protagonismo y lucimiento.
Si la AVGM es un procedimiento que por ley se define como un mecanismo de emergencia para una situación específica en un territorio determinado, cómo se explica que el proceso de la declaratoria de la AVGM en Sonora haya requerido de siete años de inversión de tiempo, energía y dinero. Siete años en los que la violencia no solo no ha disminuido, sino que se ha generalizado y agudizado, como es el caso de la violencia sexual y la feminicida, que se nos presenta como un cotidiano de la sociedad contemporánea.
Llama profundamente la atención de las académicas expertas en el tema y de analistas feministas nacionales de políticas públicas el cambio en la mirada con relación a la declaratoria de la AVGM en Sonora: la movilización de todos los actores gubernamentales y el interés por la declaratoria de la misma. Los significados de este escenario y dicha resolución, ahora y no antes, nos lleva a varias lecturas que no es posible exponer en este breve escrito. Pero sí se puede decir que el suceso no es de menor relevancia y que habrá que darle su lugar en el accionar social y político presente.
Desde mi ética feminista, pareciera que, ante la institucionalización de la lucha por la erradicación de las violencias, para los gobiernos y las instancias creadas con ese fin no es tan importante modificar la realidad social estructural que genera la violencia hacia las mujeres y niñas ni las condiciones de inseguridad que inhiben su prevención, como sí lo es el prestigio o el desprestigio y la ganancia política que conlleva su accionar. Lo inaceptable es el uso que se hace de este campo político de la acción y la intervención para el posicionamiento y consolidación de grupos de poder o del poder que se ejerce, en lugar de emplear toda la fuerza de los mecanismos y todo el recurso humano para la construcción de la seguridad y la prevención de la violencia que se asume.
¿Qué hace que en un estado en el que se declara la AVGM no se logren los cambios sustanciales esperados y no se cumplan las propuestas que de la misma emergen? Solo por dar un ejemplo, en el estado de Veracruz la primera declaratoria de AVGM, por el delito de feminicidio, fue emitida por el gobierno federal en noviembre del 2016 y la segunda, por agravio comparado, se emitió en diciembre de 2017. A la fecha, según datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Veracruz ha sido el estado que ha pasado a los primeros lugares en números de feminicidios por año. ¿De qué nos habla esta realidad con relación a la declaratoria o no de la AVGM?
Que en México la aplicación de este mecanismo no ha significado, necesariamente, la reducción de la violencia hacía las mujeres, que el mismo hecho de la declaratoria no ha garantizado la seguridad y el bienestar de las mujeres, y mucho menos la disminución del feminicidio y la inseguridad en sus vidas, es un hecho que no se puede negar.
En Sonora estamos asistiendo en estos últimos meses a los más altos índices de violencias generalizadas, incluido el feminicidio y las violaciones sexuales hacia mujeres y niñas. Al mismo tiempo estamos siendo testigos de la declaratoria de AVGM en varios municipios del estado. ¿Representará o significará algo para los municipios en los que la AVGM se ha declarado?
Las respuestas son complejas y no hay una sola, pero importa reconocer, dada la experiencia, que al ser la AVGM un acuerdo entre gobiernos e instancias gubernamentales, que involucra actores diversos, resta fuerza al movimiento de mujeres, en este caso en Sonora. Esto deja en evidencia que la AVGM se ha convertido en un campo de acción en el que los y las involucradas se presentan ante una realidad social (que nos golpea de manera cotidiana con su crueldad) con grandes limitaciones para el accionar en la implementación de la política pública en materia de prevención y con limitaciones derivadas de las disputas por el poder y sus ideologías, lo que genera prácticas políticas tradicionales y no modifica el orden establecido.
Toca a los colectivos feministas, a las académicas involucradas en los procesos y a otros grupos de la sociedad civil, la tarea de dar seguimiento e impulsar mecanismos de evaluación del impacto de la AVGM como un mecanismo de ley, además de exigir recursos suficientes y el ejercicio transparente del mismo para el cumplimiento de los objetivos, sobre todo en materia de seguridad, con la creación e implementación de mecanismos concretos que minimicen las condiciones de riesgo que las mujeres vivimos en Sonora.
Son muchos los retos que habrá que asumir para que la AVGM no se convierta, como ha sucedido en otros estados del país, en documentos de archivo y letra muerta, para lo cual debemos esforzarnos para no permitir que nos nuble la desesperanza y la desconfianza, ni esperar a ver qué sucede. Al contrario, debemos convertirnos en agentes de cambio y continuar insistiendo en la necesaria organización social que haga posible el avance y el impulso del logro de los derechos de las mujeres y las niñas a una vida digna, impulsando la exigencia para que los gobiernos creen la condiciones necesarias para que se cumplan las medidas de: a) prevención, b) seguridad, c) justicia y d) reparación del daño, expuestas en el resolutivo tercero del documento oficial de la Secretaría de Gobernación que, el 20 de agosto de 2021, da respuesta a la segunda solicitud de la AVGM para el estado de Sonora.
Colaboración de Gilda Salazar Antúnez, investigadora de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD
