En reconocimiento a una investigación en la que establecen la urgencia de incrementar el salario mínimo en México, un académico y una estudiante del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) han obtenido el segundo lugar del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2018.
Luis Huesca Reynoso, investigador de la Coordinación de Desarrollo Regional (DR) y Linda Llamas Rembao, alumna del doctorado en DR, han sido reconocidos en la octava edición de este certamen que organiza el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados.
Con el seudónimo “Los asalariados”, los estudiosos presentaron el trabajo “La posibilidad de mejora salarial en México: costos e impactos en pobreza”, el cual fue elegido de entre 416 trabajos que aplicaron al premio nivel nacional. En el estudio realizaron diversas simulaciones para identificar qué sucedería si los salarios en México tuvieran un nivel superior al actual.
Para dicho propósito, analizaron una propuesta de incremento equivalente a dos y tres veces del salario mínimo (SM) actual ($88 pesos); es decir, que la remuneración inferior límite fuera de $176 y $270 pesos, respectivamente, encontrando que esto no ocasionaría un impacto inflacionario en la economía nacional.
Asimismo, señalan que con este aumento se lograría alinear el salario mínimo con el umbral considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se indica que quien es retribuido con menos de tres salarios se encuentra en un estado de pobreza laboral.
Incluso, encontraron que los salarios en el sector informal también crecerían, pues en el mercado laboral habría mayor competencia en sueldos, por lo que se deduce que habría más personas interesadas en conseguir trabajos formales o que los patrones tendrían que pagar mejores sueldos, lo que redundaría en una formalización de la economía.
Analizaron, además, cómo dicha medida mejora la recaudación por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), ya que actualmente 40% de los asalariados reciben apoyo en el pago del impuesto (subsidio al empleo), lo que representa un costo fiscal.
La investigación reveló que un incremento salarial de 2 SM reduciría este subsidio al 16% de los trabajadores; mientras que en el escenario de 3 SM la disminución sería de 8%. Reducir este costo fiscal dotaría al estado mexicano de una mayor capacidad recaudatoria, al mismo tiempo que disminuiría la pobreza laboral del país, hasta un nivel de 9% en las zonas urbanas y rurales.
En otras palabras, las medidas propuestas representarían, en gran amplitud, casi la desaparición del subsidio al empleo y constituirían, además, un costo de vida más realista respecto al que se vive actualmente en México.
El momento oportuno
Los autores del estudio galardonado comentaron que, de acuerdo con cifras del Observatorio Laboral de los Salarios de la Universidad Iberoamericana, siete de cada 10 mexicanos ganan entre 0 y 3 SM. Agregaron que la mayoría de los empleos generados en este sexenio son de uno a dos SM.
El estudio ganador proporciona elementos para justificar que el incremento a los salarios se realice solo a los trabajadores que no ganan un nivel superior a 2 SM y 3 SM, en el corto plazo.
Para ejemplificar la desigualdad con la que es tratado el trabajador mexicano, exponen que la productividad laboral en el sector manufacturero del país ha crecido un 20% en la última década, mientras que los salarios cayeron un 10%. Tras afirmar que estos resultados desmantelan la resistencia para aumentar el salario, manifestaron que la deuda que se tiene con los asalariados de este sector resulta en una pérdida cercana al 30% en diferencias no pagadas.
Los autores de este estudio esperan que estos hallazgos sean considerados como una emergencia por parte de la agenda legislativa federal y sean de las primeras políticas por aplicar, pues consideran que si se retrasa esta decisión, para realizarla gradualmente a lo largo del sexenio por comenzar, podría resultarle costoso al fortalecimiento del mercado interno y, por ende, postergar aún más el crecimiento económico de México por encima del 4% que se ha propuesto generar el nuevo gobierno.
