El uso de plaguicidas en México, como en muchas partes del mundo, tiene el propósito de contribuir a que los cultivos sean altamente productivos; sin embargo, su uso indiscriminado en diversas regiones ha provocado efectos adversos a la salud de poblaciones donde se realiza la actividad.
Con el objetivo de conocer el impacto que estas sustancias químicas tienen en comunidades con vocación agrícola en la costa de Hermosillo y el valle del Yaqui en Sonora, especialistas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) estudian la salud de la población a través de análisis de sangre —especialmente en niños— y aplicación de encuestas.
La doctora Jaqueline García Hernández, investigadora y titular de la Coordinación Regional Guaymas del CIAD, explica a la Agencia Informativa Conacyt que este proyecto forma parte del trabajo realizado en la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El proyecto, en el que participarán investigadores de los departamentos de Desarrollo Regional y Ciencias de los Alimentos de Hermosillo y las coordinaciones regionales de Guaymas y Mazatlán del CIAD, así como diversas universidades e institutos de investigación del país, también incluye campañas de comunicación entre la población sobre el riesgo al que están expuestos.
La académica de este centro público de investigación detalla que recientemente se hizo un estudio previo en el que identificaron plaguicidas organoclorados, utilizados en las décadas de los años setenta y ochenta que todavía están presentes en suelos sonorenses, los cuales representan un riesgo para la salud y el medio ambiente por su toxicidad, bioacumulación, volatilidad y persistencia.
Agencia Informativa Conacyt (AIC): ¿En qué consiste este proyecto?
Jaqueline García Hernández (JGH): Este trabajo está inserto en uno de los objetivos de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas para evaluar el impacto de estas sustancias en las comunidades agrícolas.
Lo haremos a través del análisis de sangre para evaluar la salud de la población, sobre todo de los niños, y con la aplicación de encuestas en las comunidades. Además contemplamos comunicar entre la gente el peligro de tener exposición a los plaguicidas.
Estamos trabajando en la costa de Hermosillo y el Valle del Yaqui. Será en poblaciones con más de trescientos habitantes y contemplamos colectar cien muestras de sangre de niños escolares.
AIC: ¿Por qué realizar este estudio?
JGH: El uso indiscriminado de plaguicidas en México, particularmente en el noroeste, es una problemática muy fuerte, y en su uso no hay ningún contrapeso, porque a los agricultores solo les llega la información de las compañías de lo que les “conviene” para combatir plagas y no se les dice que son químicos muy peligrosos.
Es así que buscamos hacer este contrapeso, porque si los productores ya están usando los plaguicidas, entonces debemos ver qué puede hacer la comunidad para disminuir las exposiciones y los riesgos.
AIC: ¿Cuáles son los niveles de pesticidas presentes en la zona?
JGH: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene un mapa, pero es muy general porque está basado en reportes de las personas intoxicadas que han sido hospitalizadas; el uso de agroquímicos no se tiene normado y, por lo tanto, no se reporta qué y cuánto se usa, y eso es un grave problema.
Nosotros hemos identificado desde hace tiempo que no se reportan las cantidades, por lo que para conocer el estado de esta situación tenemos que ir al campo, hablar con la gente, pero no es fácil porque existen varias metodologías para determinar el uso de plaguicidas; por tal motivo esta información no se tiene de manera estadística.
La zona noroeste de México es la que mayor agricultura tecnificada tiene; por lo tanto, la que más utiliza agroquímicos. No obstante, hay regiones del país donde hacen un uso indiscriminado de plaguicidas, como lo es el centro, donde se han identificado cultivos de flores, mientras que en el sur todavía es muy común el uso de DDT o de algunas sustancias prohibidas para combatir la malaria.
Entonces hay que identificar puntualmente cada región y, en este propósito, el trabajo que se hace dentro de la Red Temática abonará mucho porque los expertos que la integramos buscamos hacer este mapeo y además homogeneizar técnicas analíticas y de laboratorio para el estudio de los plaguicidas.
AIC: ¿Qué rubros de la salud afectan esas sustancias?
JGH: En cuanto a enfermedades, hay varios niveles; por ejemplo, si es una exposición baja, se observa un impacto en menor rendimiento académico en los niños; pero si es mayor o están expuestos crónicamente, puede haber problemas en el material genético.
La exposición continua puede llevar a problemas de cáncer y también a problemas hormonales, como el hecho de que las niñas se desarrollen más rápido y les dé el periodo antes.
Que estén en contacto con plaguicidas organoclorados puede causar alteraciones en el material genético o malformaciones en fetos.
AIC: ¿En torno a qué líneas han girado las investigaciones sobre el tema?
JGH: Ese es otro tema que atiende la Red, pues cada región está trabajando en el estado del arte del estudio de los plaguicidas. La idea es que en este año se publique la revisión de toda la bibliografía al respecto y se identifiquen los riesgos que hay.
Para la región noroeste del país, hemos identificado ochenta artículos publicados en los últimos diez años donde se prueba el efecto que tienen los plaguicidas en flora, fauna, ecosistemas y la salud humana.
AIC: ¿Qué acciones de política pública podrían surgir a partir de estos trabajos?
JGH: Como investigadores tenemos poco acceso a las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de hacer algo. Como Red se están haciendo recomendaciones, por ejemplo, para documentos que pide el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que, dentro de su estructura, está haciendo propuestas para mejorar la situación.
Una de ellas es solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la realización de los soportes para el uso de plaguicidas, así como el cumplimiento del convenio de Estocolmo (que firma México a nivel internacional) para descontinuar los plaguicidas que estén prohibidos, pues en el país ya hay algunos en la lista pero no se han traducido a acciones reales.
Colaboración de Ana Luisa Guerrero, corresponsal de Agencia Informativa Conacyt
