Como parte de las actividades de los dieciséis días de campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el marco de su 37° Aniversario, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) realizó el foro “Mapas del feminicidio y políticas públicas”.
En el encuentro, académicas, activistas, representantes de instituciones y miembros de la sociedad civil participaron en un intercambio de conocimientos y propuestas para contribuir a visibilizar, atender y prevenir la problemática de los feminicidios en México desde el enfoque de las políticas públicas.
Gilda Salazar Antúnez, investigadora del CIAD y organizadora de este encuentro, comentó que el foro, realizado en memoria de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidios, fue un espacio para la reflexión sobre las condiciones de desigualdad y de violencia en que convive la sociedad.
El evento inició con la participación de Lucía Damián Bernal, geógrafa investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en temas de género y espacio, con la conferencia “Alerta ante la violencia: por un espacio libre de violencia para las mujeres”, en la que mostró un conjunto de mapas en los que se registraron con referencias geográficas las zonas del país en las que prevalecen los feminicidios.
En su charla destacó el valor de esta investigación para la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual expone cómo las relaciones y conductas sociales en un territorio pueden modificarse por problemas públicos, políticos y jurídicos, ya que para las mujeres el miedo a la violencia se convierte en un obstáculo constante para su movilidad en la vida cotidiana, debido a que la inseguridad interrumpe su libre tránsito por las ciudades y limita su acceso a recursos básicos.
Por su parte, María Salguero, activista en derechos humanos, presentó el “Mapa de Feminicidios en México”, proyecto de su autoría que recopila información estadística con el fin de crear patrones sobre la ubicación, el contexto, perfil parcial de los agresores y motivaciones de los asesinatos a mujeres.
En su exposición comentó que en nuestro país el feminicidio es difícil de cuantificar por las distintas categorías que existen para clasificar un homicidio; sin embargo, en Sonora se ha detectado que la mayor prevalencia de víctimas se encuentra en el rango de 18 a 25 años y que las principales motivaciones para este crimen son la violencia comunitaria, la violencia familiar y el crimen organizado.
Más adelante, se desarrolló la mesa de debate “Los mapas de feminicidios: el impacto de los mecanismos de prevención y erradicación de la violencia”, en la que se intercambiaron puntos de vista sobre el papel de la academia para responder si es posible hablar de la prevención de el feminicidio sin antes atender la violencia estructural generalizada.
En la mesa se reunieron, además de María Salguero, Amelia Iruretagoyena Quiroz, profesora de la Universidad de Sonora e integrante del grupo de trabajo para la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Sonora (2019); Gilda Salazar Antúnez, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres e investigadora integrante del grupo de trabajo para la atención a la solicitud de la AVG (2015-2017); Patricia Alonso Ramírez, activista por los derechos humanos y representante de la organización civil Federación Cobanaras, así como la académica Adriana Ortiz Ortega, profesora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y coordinadora del secretariado técnico para el seguimiento de las peticiones de AVG en Sonora.
En su participación, Gilda Salazar explicó que la violencia estructural se puede entender como la que es ejercida por un orden o estructura social y que afecta la vida personal e impide la satisfacción de necesidades básicas para una vida con dignidad. Puntualizó, además, que es necesario que las investigaciones realizadas por la academia vayan más allá de la estadística y sean vinculantes con las instituciones y con los grupos de activismo.
Amelia Iruretagoyena Quiroz habló sobre las dificultades del mecanismo para solicitar el establecimiento de AVG en Sonora, debido a que implica trasladar el trabajo académico de investigación a un contexto práctico, por lo que sus propuestas son basadas en las categorías de derechos humanos para señalar cuáles son los cumplimientos que el Estado debe asegurar.
María Salguero comentó que el proyecto de los mapas del feminicidio contribuye a construir y entender el contexto de las agresiones para hacer visible que la mayoría de las víctimas son mujeres que viven en una situación de desigualdad, con lo que puede entenderse una incidencia de violencia sistemática que requiere el establecimiento de medidas de protección para su prevención.
Patricia Alonso Ramírez expresó que, como grupo activista, aún esperan la declaratoria de la alerta de género en Sonora, ya que esto permitiría la implementación de acciones que contribuyan a enfrentar las agresiones en contra de las mujeres. Añadió que, para favorecer la atención de esta problemática, el activismo y la academia deben tener la facultad de retroalimentarse para movilizarse de manera coordinada.
Por su parte, Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora del Instituto Sonorense de la Mujer, dirigió unas palabras al auditorio, en las que convocó a la ciudadanía a tener presente la perspectiva de género y a tomar conciencia para reconocer qué acciones se pueden adoptar de manera individual para contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer y así abatir un problema que afecta a la sociedad a nivel mundial.
En el foro también estuvo presente Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal de Justicia del Estado de Sonora, quien comentó que actualmente se trabaja en la implementación de nuevas metodologías para que los procesos de procuración de justicia sean más eficientes, y que además se tiene el objetivo de brindar mayor atención a los casos de violencia familiar como medida de prevención para el feminicidio.
